“Mañana llegan diez.”
“Déjalo donde siempre.”
“El precio sigue siendo el mismo.”
Leídas dentro de un atestado policial, frases como estas pueden parecer comprometedoras. Si además coinciden con vigilancias, encuentros entre investigados o una posterior incautación de droga, la acusación puede interpretarlas como parte de una operación de tráfico de estupefacientes.
Pero antes de preguntarse qué significan esas palabras existe otra cuestión: ¿podía la policía estar escuchando esa conversación?
El artículo 18.3 de la Constitución Española garantiza el secreto de las comunicaciones y, expresamente, de las comunicaciones telefónicas, salvo resolución judicial. Esto significa que intervenir las llamadas de una persona supone una injerencia en un derecho fundamental y exige cumplir las condiciones previstas legalmente.
En investigaciones por tráfico de drogas, las escuchas telefónicas pueden convertirse en una herramienta de enorme importancia. Una llamada puede conducir a una vigilancia; esa vigilancia, a una entrega; y una conversación posterior, a identificar a otras personas o lugares relacionados con la investigación.
El delito que suele encontrarse detrás de estas diligencias es el previsto en el artículo 368 del Código Penal español, que castiga los actos de cultivo, elaboración o tráfico, así como otras conductas dirigidas a promover, favorecer o facilitar el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas y su posesión con esos fines.
La gravedad de la investigación, sin embargo, no permite escuchar cualquier teléfono sin más. La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece requisitos específicos para autorizar, ejecutar, controlar y prorrogar una intervención.
Por eso, cuando unas conversaciones telefónicas ocupan un lugar central en una acusación por tráfico de drogas, la defensa tiene dos trabajos diferentes: analizar qué dicen realmente esas conversaciones y comprobar cómo llegaron legalmente hasta el procedimiento penal.
¿Cuándo puede autorizarse una escucha telefónica en una investigación por tráfico de drogas?
La interceptación de comunicaciones telefónicas y telemáticas se encuentra regulada en los artículos 588 bis y 588 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El artículo 588 bis a establece cinco principios que permiten entender cuándo puede acordarse una medida de investigación tecnológica.
Especialidad
La intervención debe estar relacionada con la investigación de un delito concreto. No está permitido intervenir comunicaciones simplemente para averiguar si una persona quizá está cometiendo alguna actividad delictiva.
La ley rechaza expresamente las medidas destinadas a prevenir o descubrir delitos o despejar sospechas sin una base objetiva.
Idoneidad
La escucha debe ser adecuada para obtener información relevante para la investigación. Esto obliga a valorar tanto la utilidad de la medida como su alcance objetivo y subjetivo.
Excepcionalidad
Intervenir las comunicaciones privadas no puede convertirse en una diligencia rutinaria. La medida afecta directamente al derecho reconocido por el artículo 18.3 de la Constitución y debe responder a las circunstancias concretas de la investigación.
Necesidad
También debe existir una justificación para recurrir a esta medida. La Ley de Enjuiciamiento Criminal relaciona este principio con situaciones en las que, sin la intervención, la investigación se vería gravemente dificultada.
Proporcionalidad
Finalmente, debe ponderarse el interés público de la investigación frente a la intensidad de la afectación del derecho fundamental.
El artículo 588 ter a de la LECrim remite a los delitos contemplados en el artículo 579.1, además de determinados delitos cometidos mediante tecnologías de la información o comunicación.
Entre los supuestos del artículo 579.1 se encuentran los delitos dolosos castigados con pena cuyo límite máximo sea de, al menos, tres años de prisión, además de los cometidos en el seno de un grupo u organización criminal y los delitos de terrorismo.
Que una investigación por tráfico de drogas pueda reunir los presupuestos legales para solicitar una intervención telefónica no significa que esta quede automáticamente autorizada. El juez debe valorar la medida concreta y los indicios que pretenden justificarla.
¿Qué indicios necesita el juez para intervenir un teléfono?
Para comprender esta cuestión hay que retroceder hasta un momento en el que todavía no existe ninguna conversación interceptada.
La policía prepara una solicitud y pide autorización para escuchar determinado teléfono.
¿Qué sabía en ese momento?
Esta pregunta es esencial porque las escuchas no pueden utilizarse como una investigación prospectiva destinada simplemente a comprobar si aparecen indicios de algún delito.
La solicitud de autorización debe proporcionar al juez información suficiente para valorar la procedencia de la medida. El artículo 588 bis b de la Ley de Enjuiciamiento Criminal exige, entre otros extremos, identificar el hecho investigado, exponer las razones que justifican la medida e identificar al investigado cuando sea conocido.
En una investigación por tráfico de drogas pueden aparecer previamente elementos como:
- vigilancias policiales;
- encuentros observados entre determinadas personas;
- investigaciones anteriores relacionadas con los hechos;
- incautaciones de sustancias;
- declaraciones relevantes para la investigación;
- información obtenida legalmente mediante otras diligencias;
- u otros datos objetivos que relacionen al investigado con la actividad investigada.
No existe una fórmula matemática que determine cuántos indicios hacen falta. Lo relevante es que la resolución judicial pueda apoyarse en una base objetiva suficiente para valorar la necesidad y proporcionalidad de intervenir las comunicaciones.
El artículo 588 ter d de la LECrim exige además que la solicitud permita identificar el número de abonado, terminal, conexión o medio de telecomunicación que pretende intervenirse.
La propia ley contempla incluso la posibilidad de intervenir determinados terminales pertenecientes a terceros cuando concurran los presupuestos específicos establecidos en el artículo 588 ter c.
Existe además una regla temporal que no debe perderse de vista: lo descubierto después no puede sustituir la justificación que debía existir antes.
Imaginemos que una intervención termina revelando conversaciones inequívocamente relacionadas con una operación de drogas. Ese resultado puede tener enorme relevancia probatoria, pero no responde por sí solo a la pregunta sobre qué elementos existían cuando se pidió permiso para comenzar a escuchar.
La defensa puede, por tanto, retroceder hasta la solicitud inicial y examinar la información que permitió abrir aquella ventana sobre las comunicaciones privadas del investigado.
Duración, prórrogas y control judicial de las escuchas telefónicas
Una intervención telefónica no comienza con una autorización judicial y continúa indefinidamente.
Existe una secuencia sometida a límites y control.
AUTORIZACIÓN → INTERVENCIÓN → CONTROL → PRÓRROGA O CESE
Autorización
La resolución judicial debe concretar la medida autorizada y su alcance. Una de las cuestiones que deberá determinar es precisamente su duración.
Intervención
Una vez acordada, la Policía Judicial ejecuta la medida dentro de los límites establecidos.
El artículo 588 ter f de la Ley de Enjuiciamiento Criminal regula el control de la intervención. La Policía Judicial debe poner a disposición del juez, con la periodicidad que este determine, las transcripciones de los pasajes considerados de interés y las grabaciones íntegras realizadas, garantizando la autenticidad e integridad de la información en los términos previstos legalmente.
Duración
El artículo 588 ter g establece una duración máxima inicial de tres meses, computada desde la fecha de autorización judicial.
Esto no significa que todas las intervenciones deban durar tres meses. La medida debe mantenerse durante el tiempo autorizado y mientras subsistan los presupuestos que la justifican.
Prórroga
Si la investigación necesita continuar, la intervención puede prorrogarse por periodos sucesivos de igual duración hasta alcanzar un máximo de dieciocho meses.
Pero la prórroga no funciona automáticamente.
El artículo 588 ter h prevé que la Policía Judicial aporte, cuando proceda, transcripciones de aquellos pasajes de las conversaciones de los que se desprenda información relevante para decidir si debe mantenerse la medida. El juez puede solicitar aclaraciones, información adicional e incluso acceder al contenido íntegro de las conversaciones intervenidas.
La defensa puede revisar así una verdadera línea temporal: qué resolución permitió comenzar, qué teléfonos quedaron afectados, qué información recibió posteriormente el órgano judicial, cuándo se solicitaron las prórrogas y qué resoluciones permitieron continuar.
Porque autorizar una intervención y controlar su desarrollo son dos funciones relacionadas, pero no idénticas.
Y aunque toda esa secuencia sea jurídicamente correcta, todavía queda una cuestión diferente: saber qué prueban realmente las palabras que terminaron grabadas.
¿Qué valor tienen las conversaciones, códigos y frases ambiguas sobre drogas?
Volvamos a aquellas tres frases:
“Mañana llegan diez.”
“Déjalo donde siempre.”
“El precio sigue siendo el mismo.”
¿Hablan de cocaína? ¿De marihuana? ¿De diez kilos? ¿De diez unidades de algo completamente distinto?
Las palabras necesitan contexto.
En investigaciones por tráfico de drogas es posible encontrar conversaciones aparentemente neutras, referencias numéricas, apodos, expresiones fragmentadas o términos que los investigadores consideran utilizados para referirse de forma encubierta a drogas, cantidades, dinero u operaciones.
La acusación puede tratar de relacionar esas palabras con otros elementos probatorios.
Por ejemplo, una conversación puede adquirir una interpretación determinada cuando inmediatamente después se produce un encuentro vigilado por la policía y posteriormente aparece una cantidad de droga relacionada con los hechos investigados.
También pueden resultar relevantes otras llamadas, declaraciones, desplazamientos o incautaciones que permitan contextualizar el lenguaje utilizado.
Pero existen dos planos que conviene mantener separados.
Primero: ¿la escucha es jurídicamente válida?
Aquí se analizan la autorización judicial, los indicios previos, la proporcionalidad, la duración, las prórrogas y el control de la medida.
Segundo: ¿qué demuestra la conversación?
Aquí el problema es probatorio. Una intervención puede haberse autorizado correctamente y, sin embargo, contener conversaciones ambiguas cuya interpretación admita discusión.
El hecho de que una persona diga “diez” no convierte automáticamente esa cifra en diez kilos de droga. Para sostener esa interpretación será necesario analizar el contexto y el resto de las pruebas.
También puede ocurrir lo contrario: una conversación puede parecer especialmente incriminatoria, pero su claridad no permite ignorar una eventual vulneración del derecho fundamental producida al obtenerla.
En un procedimiento por el artículo 368 del Código Penal, las conversaciones pueden formar parte de los elementos utilizados para acreditar la participación del acusado y la finalidad relacionada con el tráfico o facilitación del consumo ilegal. Su fuerza probatoria dependerá de cómo encajen con el resto del material válido incorporado a la causa.
¿Cuándo pueden ser nulas las escuchas y qué ocurre con las pruebas obtenidas después?
Una llamada conduce a una vigilancia.
La vigilancia conduce hasta un vehículo.
El vehículo llega a un almacén.
Y dentro del almacén la policía encuentra droga.
En una investigación construida de esta manera, cuestionar jurídicamente la intervención telefónica puede plantear una segunda pregunta: ¿qué ocurre con las pruebas obtenidas posteriormente gracias a la información procedente de aquellas conversaciones?
La posible nulidad de unas escuchas telefónicas puede discutirse, entre otras razones, cuando existen problemas relevantes relacionados con:
- la base objetiva que justificó inicialmente la medida;
- la motivación de la autorización judicial;
- los principios de necesidad y proporcionalidad;
- el ámbito de los terminales o comunicaciones intervenidos;
- las sucesivas prórrogas;
- el control judicial de la intervención;
- o una eventual vulneración del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones.
Esto no significa que cualquier irregularidad provoque automáticamente la nulidad. Hay que distinguir una verdadera vulneración de derechos fundamentales de otros defectos procesales, problemas de autenticidad o controversias sobre la interpretación de las conversaciones.
Cuando existe una vulneración de derechos fundamentales entra en juego el artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, según el cual no surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando derechos o libertades fundamentales.
La consecuencia tampoco puede expresarse mediante otra ecuación simplificada: escuchas nulas no significa necesariamente absolución automática.
Será necesario determinar qué pruebas están afectadas, cuál es su relación con la intervención cuestionada y si existen fuentes probatorias independientes que puedan conservar validez.
La importancia de esta discusión resulta evidente cuando se observan las penas previstas en el artículo 368 del Código Penal español.
Para sustancias que causan grave daño a la salud, la pena básica es:
- prisión de tres a seis años;
- multa del tanto al triplo del valor de la droga objeto del delito.
En los demás casos:
- prisión de uno a tres años;
- multa del tanto al duplo del valor de la droga.
Además, los artículos 369, 369 bis y 370 contemplan supuestos que pueden incrementar la respuesta penal cuando concurren las circunstancias previstas legalmente.
En Palerm Abogados, el trabajo de un abogado penalista especializado en tráfico de drogas puede exigir revisar mucho más que las transcripciones seleccionadas por los investigadores: solicitud policial, auto judicial, indicios previos, terminales intervenidos, periodos autorizados, prórrogas, grabaciones, control judicial y pruebas que posteriormente surgieron a partir de las comunicaciones.
Escuchas telefónicas en tráfico de drogas: antes de interpretar una conversación hay que comprobar si podía ser escuchada
Al principio de este artículo había tres frases.
Ahora imaginemos que una de ellas aparece destacada en una acusación:
“Mañana llegan diez.”
La discusión puede concentrarse inmediatamente en determinar qué quería decir el acusado con esas palabras. La acusación puede sostener que hablaba de droga; la defensa puede cuestionar esa interpretación; y el tribunal tendrá que valorar la conversación junto con las demás pruebas.
Pero existe una pregunta anterior.
¿Cómo llegó esa frase hasta el procedimiento?
Responder exige revisar el camino jurídico de la intervención: qué investigación existía antes de escuchar, qué indicios se presentaron, qué teléfono se pretendía intervenir, qué resolución lo autorizó, durante cuánto tiempo, qué prórrogas se acordaron y qué control ejerció el juez sobre la medida.
Solo después aparece el segundo debate: el significado de las palabras.
Esta distinción resulta especialmente importante cuando las conversaciones telefónicas no son una prueba aislada, sino el punto desde el que surgieron otras diligencias. Si una llamada permitió localizar un vehículo, identificar a otra persona, iniciar una vigilancia o encontrar posteriormente droga, la relación entre unas pruebas y otras puede convertirse en parte relevante de la estrategia procesal.
Por eso, cuando una acusación por tráfico de drogas se apoya de manera importante en intervenciones telefónicas, la labor de un abogado penalista no consiste únicamente en leer las frases que la policía ha considerado relevantes. También puede requerir acceder a las grabaciones y transcripciones disponibles, situarlas en su contexto y estudiar la legalidad de la medida desde su origen.
Una llamada termina cuando alguien cuelga. La voz desaparece y la conversación, en condiciones normales, queda atrás. Una intervención judicial cambia esa naturaleza efímera: conserva las palabras, permite reproducirlas y puede hacer que meses después vuelvan a escucharse en un procedimiento penal. Cuando esas palabras se utilizan para sostener una acusación, el Derecho no pregunta solamente qué se oyó. También exige saber por qué alguien estaba autorizado a escuchar.